El Estado es buen pagador. Dicho así, con rotundidad y sin mayores concreciones puede parecer una afirmación sorprendente, dado el clima generalizado que existe en la opinión pública respecto a la morosidad de las Administraciones después de las revelaciones de escandalosas demoras en determinadas comunidades autónomas y en los ayuntamientos, tras las elecciones administrativas del mes de mayo. Y sin embargo, es verdad.
La Administración General del Estado, léase Gobierno central, ha establecido en el primer trimestre de este año un ritmo de pago a sus proveedores de sus compromisos de gasto que se sitúa en los 37,6 días para los gastos corrientes en bienes y servicios y de 39,3 días para las inversiones reales, lo que sitúa el conjunto de los pagos en 39,06 días.
En todo 2010, los plazos fueron de 52 y 55,5 días. Nada que ver, como se puede observar con los más de 200 días de la mayoría de las comunidades autónomas y de los 300 días de la mayoría de los ayuntamientos.
Normalizar pagos
El Estado está demostrando que es posible normalizar los pagos en los periodos previstos en la ley de Morosidad, tras la reforma introducida en la Ley de 2010 que estableció como plazo máximo el de treinta días, aunque con un periodo de adaptación hasta el primero de enero de 2013.
Según este, entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de este año, el plazo establecido será de 50 días y en el último año del periodo transitorio, 2012, los pagos deberán realizarse en los cuarenta días siguientes a la obligación de pagar. A partir del 1 de enero de 2013 es cuando surtirá efecto el periodo de 30 días.
La obligatoriedad de la norma concierne a dos gastos fundamentales, los gastos corrientes (Operaciones del Capítulo II de los Presupuestos Generales del Estado) y las Inversiones Reales (Capítulo VI).
Gastos corrientes e inversiones
El informe de la Intervención General del Estado recoge tres categorías diferentes de datos: el periodo medio de pago (Ver recuadro), que indica el número de operaciones, el importe y el plazo en que se ha abonado. Una segunda categoría de datos está representada por las operaciones pendientes de pago y, por último, las operaciones que han excedido el periodo legal de pago.
En el primer concepto, la Administración del Estado abonó 8.366 operaciones de gastos corrientes, por un montante de 252,49 millones de euros, con un periodo medio de 37,6 días. Y en cuanto a las inversiones reales, las operaciones en el primer trimestre alcanzaron 1.396 millones de euros, representados por 7.528 operaciones, con un plazo medio de 39,33 días. En total, 15.894 operaciones por 1.648 millones de euros con un plazo del 39,06 días. (En 2010 el plazo fue de 54,4 días).
De esta categoría quedan fuera las Obligaciones pendientes de pago, que en gastos corrientes eran 1.090 por un importe de 21,1 millones de euros y que promediaron los 39,93 días. Muy distinto y peor es el panorama que presentan las operaciones de Inversiones reales pendientes, que totalizaron 370 por un monto de 19,1 millones de euros y que acumularon un periodo de pago de 92,03 días debido, fundamentalmente a los periodos medios de los dos grandes agentes inversores, el Ministerio de Fomento, que acumuló 169 días de plazo de pago, y el antiguo Ministerio de Agricultura lo hizo en 1.206 días, en una sola operación de 23.000 euros.
Operaciones en mora
En conjunto, las operaciones pendientes alcanzan 1.460 operaciones por 40,3 millones de euros, con un plazo de pago de 64,7 días, cuando en el año pasado en conjunto se quedaron en 27,87 días.
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